NUEVA LEY UNIVERSITARIA

ENSAYO LEY UNIVERSITARIA 30220

INTRODUCCIÓN

En el Perú la educación superior en los últimos años está siendo bastante cuestionada, especialmente aquella dirigida a la Formación de profesionales de calidad debido a la poca eficiencia de sus egresados en el desarrollo de su actividad profesional, se plantean diversos factores que generan este problema entre ellos mencionaré los siguientes: La vocación a la profesión, las bajas remuneraciones, la deficiente formación profesional, la capacidad intelectual del maestro, la escasez de recursos para interaccionar positivamente con el alumno, la autoestima del maestro, la falta de selectividad para acceder a la profesión docente, la baja calidad de la formación profesional. La inteligencia es un factor muy importante que contribuye en el cumplimiento de las metas profesionales trazadas, pues el impacto que tiene sobre la vida de la persona sea en el ámbito educativo, profesional y social es significativo, así pues el coeficiente intelectual es predictivo del grado de educación que va alcanzar una persona consecuentemente, es predictivo del nivel de empleo que va a tener. En tal sentido la inteligencia es un factor importante para lograr la eficiencia profesional. Por lo tanto las deficiencias cognitivas del estudiante evitarán que egresen de la Facultades profesionales de calidad.

Ante esta necesidad de superar estas deficiencias en la educación superior peruana, el Poder Ejecutivo oficializó la nueva Ley Universitaria 30220 el 09 de julio del 2014, norma que fue promulgada en la víspera y que fue considerada por el presidente de la República, como un paso fundamental para iniciar el camino hacia la calidad de la educación. De esta manera se pretende superar un sistema universitario, donde no se contemplaba una organización interna para la rendición de cuentas y muy importante en donde no había un sistema específico sobre transparencia. En este país un ciudadano común y corriente no sabe cuánto gana un rector. Con la ley anterior el negocio de las universidades a decir de algunos entendidos en la materia, se hizo más rentable que otros rubros de negocio,  por eso algunos grupos de poder económico se ven afectados. La educación peruana se convirtió en el gran negocio, la despreocupación del Estado que renunció a su papel rector, y el lucro desmedido, son lo peor que le pudo haber pasado a la universidad peruana.

DESARROLLO

Esta ley cuyo propulsor ha sido el congresista Daniel Mora, de las filas del oficialismo ha sido aprobada para algunos, en forma apresurada, y para otros ha seguido todos los requisitos que requiere una ley para su promulgación.

Lo cierto es que la nueva ley universitaria ha desatado paradójicamente, un conflicto de poderes de los cuales unos están a favor y otros en contra, me estoy refiriendo al poder ejecutivo quien asume la defensa  través del MINEDU y el legislativo representado por la inefable Martha Chávez que busca a como de lugar la abolición de la mencionada ley de igual manera la comisión del congreso quien dio luz verde a esta norma, ha contratado todo un estudio de abogados para la defensa de la misma.

Por otro lado, existen dos sentencias, una por resolver y otra resuelta ya. La primera por el tribunal constitucional y la segunda por el poder judicial de Ica, que ha declarado inconstitucional la ley universitaria, acogiendo una demanda del rector de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

Esta ley ha tenido desde su creación hasta su promulgación una serie de acontecimientos que a decir de algunos opositores buscaba aprobarse al “Guerrazo” y con fines populistas. Fue exonerada de segunda votación a pedido del congresista Daniel Mora, también se denegó el pedido de algunos legisladores para que algunos artículos de la ley se vote por separado así como pedidos para que el proyecto regrese a comisión de constitución. Una de las modificaciones al texto original del dictamen que logró la oposición, fue la inclusión de algunas recomendaciones como:, el requisito de idioma alternativa para la obtención del bachillerato, sumándose la presentación y sustentación de una tesis de investigación.

Con esta ley el ministerio de educación pasara a ser el ente rector de la educación superior universitaria, con lo cual el Estado cree recuperar su responsabilidad y competencia para el establecimiento de una política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria.

De igual manera se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Con el fin de superar el sistema universitario anterior, que se encontraba en el extremo de la autorregulación, lo que no llegó a buenos resultados trayendo como consecuencia que, la calidad de la educación universitaria no alcance los niveles de excelencia internacional que nuestros jóvenes merecen.

Las principales funciones de la SUNEDU se centrarán en: Licenciar, suspender o denegar la oferta pública y privada de los servicios educativos de nivel universitario, Supervisar el mantenimiento de las condiciones básicas que permitieron la licencia. Fiscalizar el uso de los recursos públicos y los beneficios otorgados por la legislación vigente a las universidades.

Para garantizar la autonomía y la transparencia de la labor de la SUNEDU, su Consejo Directivo estará conformado por una mayoría de miembros provenientes de la sociedad civil (5 de 7). Los miembros serán: un representante del MINEDU (que será el Superintendente), un representante de CONCYTEC, tres docentes universitarios (dos de universidades públicas y uno de universidad privada) y dos ciudadanos con las mismas características de excelencia y prestigio, los cuales serán elegidos por concurso público, con opinión favorable del Consejo Nacional de Educación.

Se dan nuevos lineamientos para la creación y licenciamiento de universidades la Ley Universitaria contempla que la creación de universidades públicas deberá contar obligatoriamente con la opinión favorable del MEF, a fin ­ de garantizar los recursos económicos necesarios para su funcionamiento. Con esta ley no habrán autorizaciones provisionales para las universidades públicas o privadas, en lugar de ello se emitirá el licenciamiento por un periodo no menor a 6 años. Se responde así a la precariedad del sistema y a la necesidad de vigilar y supervisar de manera permanente los criterios mínimos que aseguren una adecuada prestación del servicio educativo. La acreditación y el aseguramiento de la calidad entran en reforma

La norma contempla también benefi­cios e incentivos diferenciados respecto de las universidades no acreditadas para fomentar la acreditación, cuáles serán elegidos por concurso público, con opinión favorable del Consejo Nacional de Educación.

Establece mayores niveles de exigencia académica en primer lugar, elimina el bachillerato automático, estableciendo que para obtener el grado de Bachiller es necesario aprobar un trabajo de investigación. En segundo lugar, se establece que es indispensable el conocimiento de un idioma extranjero o lengua nativa. En tercer lugar, dispone que el título profesional solo lo puede otorgar la universidad en la cual se haya obtenido el grado de Bachiller y en cuarto lugar, con la finalidad de que los estudios a distancia tengan los mismos estándares de calidad que los estudios presenciales, la ley señala que no pueden superar el 50% de créditos del total de la carrera bajo esta modalidad. Se elimina también la posibilidad que se otorguen grados académicos (bachiller, maestro o doctor) con estudios exclusivamente a distancia, se instauran también requisitos mínimos para la docencia. Por ello, se ha establecido un porcentaje mínimo de docentes a tiempo completo (25%) como condición para operar en el servicio de educación superior universitaria. De esta manera se promueve que exista un cuerpo docente permanente, que desarrolle actividades relacionadas a la investigación, la asesoría académica a los alumnos y a la innovación institucional. Además, dispone que todos los docentes universitarios de pregrado ostenten el grado de Maestro, para lo cual los docentes tienen un plazo de 5 años, a partir de la vigencia de la nueva Ley, para cumplir con este requisito. Se promueve la transparencia de la información estableciendo criterios de transparencia para que las universidades públicas y privadas brinden información respecto a su forma organizativa, estados fi­nancieros, reinversiones, proyectos de investigación, becas y créditos otorgados, número de alumnos, cuerpo docente, entre otros; lo que servirá como elemento que ayude a tomar mejores decisiones a los futuros universitarios.

Algo novedoso y que ha creado suspicacias es que establece un sistema de elección más democrático estableciendo el voto universal, lo que implica que todas las autoridades universitarias serán elegidas mediante lista única y completa, por voto directo, secreto y ponderado. Esto culmina con un proceso electoral, con asesoría de la OPNE, para elegir a las nuevas autoridades universitarias.

Así mismo se da mayor promoción a la investigación establece la obligatoriedad de la existencia de, al menos, un Instituto de Investigación en todas las universidades públicas y se incentiva la creación de estos en las universidades privadas, considerándolo como un indicador positivo para su acreditación.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que la educación es el motor de toda sociedad esta, predetermina la conciencia libre y social; si está es dominada se forma conciencias subyugadas a la misantropía política y empresarial. Mariátegui concebía la educación como un problema social y económico,

Los algunos legisladores aún tienen una visión aristocrática de la sociedad, nos han llevado al siglo XX, donde las mujeres no botaban porque se creía que no tenían la educación o la capacidad para decidir quién los gobierne, y aún menos representar a su grupo social y defenderlos.

Este concepto ha sido trasladado a esta ley, que cree que el estudiante debajo del tercio superior no está en las capacidades de representar a un grupo estudiantil. No se necesita de conocimientos técnicos para conocer la realidad universitaria, desde el obrero, el campesino, el universitario comprometido conoce su realidad, pues la sienten y la sufren todos los días. Saben cuáles son los defectos y quienes generan ese declive de su realidad. No se necesita de tanta magia o conocimiento para saber los problemas de la facultad, sino solo compromiso verdadero para querer cambiar las cosas en nuestra universidad.

Bajo esta premisa algunas universidades le han sacado la vuelta a la ley, creando estatutos para seguir favoreciendo a los grupos de poder que por años se encuentran enquistados en los gobiernos de las universidades, con el de fin de satisfacer apetitos personales y de grupo. Para la corrupción no hay ley perfecta, a pesar de las buenas intenciones que pueda tener esta ley, aún así, se han elegidos autoridades de grupos que ya han gobernado casas superiores de estudios, lo que ha originado conflictos en varias Universidades del país.

Bajo la protección de la autonomía universitaria se cometen varias irregularidades que pasan desapercibidas por el estado, por eso es necesario que el estado ejerza un mayor control sobre todo en lo económico para bloquear los arrebatos de dinero fiscal que se llevan estos grupos de poder. Así mismo inyectar más presupuesto a la educación superior para así obtener resultados de calidad así poder salir de esta mediocridad educativa en que se encuentra nuestro país.